Comunicado de prensa: 17 de enero de 2007
Las organizaciones campesinas nos pronunciamos contra el alza especulativa en los precios de las tortillas, a favor de una nueva política de soberanía y seguridad alimentaría y nutricional y por la exclusión del maíz del TLCAN
Las organizaciones campesinas abajo firmantes nos pronunciamos contra el alza especulativa en los precios de las tortillas propiciada por el gobierno de Felipe Calderón que afecta a la mayoría de los mexicanos, principalmente a la población de bajos ingresos, y beneficia a unas cuantas grandes empresas agroalimentarias mexicanas y estadounidenses.
1.
¿Cuáles son las causas inmediatas de la criminal e ilegal alza en los precios de las tortillas?
1.
El desmantelamiento de la producción campesina de maíz y la dependencia de las importaciones de maíz propiciada por los gobiernos neoliberales desde 1994 con la entrada en vigor del TLCAN a la fecha, ha expuesto totalmente a nuestro país a la volatilidad e incertidumbre de los mercados agrícolas internacionales, altamente dominados por los países desarrollados y por sus gigantescas corporaciones agroalimentarias cuyo único propósito es la maximización de sus ganancias. En este contexto, en el último año, el precio internacional de maíz se duplicó pasando de 80 a 160 dólares la tonelada de maíz en Estados Unidos debido a un crecimiento de la demanda para la elaboración de etanol y las crecientes importaciones de China. Asimismo, los fletes en Estados Unidos y en el mundo se elevaron a niveles récord. Frente a estos hechos, de todos sabido, el gobierno federal no reconoció los peligros potenciales para nuestra seguridad alimentaría ni su impacto en los precios internos y, por tanto, no tomó ninguna previsión ni medida alguna.
2.
Por el contrario, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, la Sagarpa y ASERCA, provocó una escasez artificial de maíz blanco para consumo humano al autorizar y subsidiar el desvió de más de un 1.5 millones de toneladas de maíz blanco de la cosecha de otoño-invierno (junio-julio-agosto) del 2006 en Sinaloa para su exportación a Estados Unidos, Centro y Sudamérica y su utilización como forraje de animales para las grandes empresas pecuarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco. Este gravísimo hecho acentuó aún más en México la escalada internacional de precios del maíz y alimento la especulación. El gobierno federal prefirió atender los intereses de Maseca y Cargill para autorizar la exportación con subsidios públicos para enfrentar la escasez y precios altos de maíz blanco en sus plantas de harina de maíz en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Asimismo, prefirió atender las demandas de los grandes empresarios pecuarios de Sonora (Bachoco, Grupo Masón), Sinaloa (Grupo Viz) y Jalisco para enfrentar los precios altos de importación de maíz amarillo y sorgo y poder comprar maíz blanco con subsidios públicos. Por su parte, Cargill compró y almacenó 600 mil toneladas de maíz de Sinaloa a 1,650 la tonelada, mismas que vieron incrementar su precio gracias a la determinación del gobierno federal de "secar" el mercado nacional de maíz blanco, pudiendo vender sus inventarios meses después a 3,500 la tonelada en el Valle de México. El gobierno federal, gobierno de empresarios para empresarios, prefirió atender los intereses minoritarios antes que el abasto nacional para consumo humano y antes que la economía y la seguridad alimentaria de los millones de mexicanos de más bajos ingresos que son los mayores consumidores de la tortilla. Este es un hecho que debe investigarse para deslindar responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados.
3.
El incremento en los precios de la gasolina, diesel, gas y electricidad decretados por Felipe Calderón en diciembre pasado también impacto en los costos de transporte de maíz y elaboración de masa y tortilla.
4.
El gobierno federal ha impulsado la concentración anticompetitiva en los mercados agroalimentarios a raíz de la eliminación de Conasupo, de los precios de garantía, de la apertura comercial y de la privatización de la economía. Así, Maseca controla el 85% por ciento del mercado de la harina de maíz, Cargill la comercialización de maíz y otros granos y oleaginosas y controla el principal puerto de entrada de las importaciones graneleras en el puerto de Veracruz, Ferromex y Kansa City Southern controlan el transporte ferroviario. Este hecho, permite imponer precios y condiciones anticompetitivas al resto de las cadenas agroalimentarias, elevando aún más los precios a los consumidores finales y favoreciendo ganancias extraordinarias para las grandes empresas oligopólicas. Frente a esta realizada, el gobierno federal ni la Comisión Federal de Competencia han hecho nada. Los dueños de dichas empresas están estrechamente vinculadas en relación de complicidad, ayuda mutua y privilegios y cuenta con los servicios de expresidentes y exsecretarios de estado.
5.
El gobierno federal ha despreciado la organización de los productores para desarrollar su capacidad de participar en los mercados agroalimentarios, a través de la compactación de las cosecha y la administración de la oferta para equilibrar las desiguales condiciones del mercado, en las cuales millones de pequeños y medianos productores, desorganizados, dispersos, sin infraestructura, sin financiamiento, se ven obligados a rematar sus cosechas a un cuantos grandes compradores que tienen todo el poder, incluso el financiamiento preferencial de la banca de desarrollo. No obstante haber internos por avanzar en la organización de los productores para la comercialización, tal y como lo hacen en Europa y Estados Unidos, el la Sagarpa desapareció en 2001 el Programa de Fomento a Formación de Empresas Comercializadoras Agropecuarias (Profeca) y por caprichos del secretario de agricultura en turno durante dos años desviaron a otros rubros los recursos autorizados en acerca por la Cámara de Diputados para un programa de consolidación de empresas comercializadoras del sector social.
6.
Por otra parte, la industria nixtamalera-tortillera, responsable de la producción y venta del 50% de la tortilla en México ha carecido de los apoyos necesarios para su organización y modernización, a efecto de aumentar su eficiencia y calidad y no repercutir en el precio a los consumidores sus ineficiencias. El gobierno federal no ha hecho nada al respecto, por su complicidad con las empresas harineras (Maseca y Cargill), con el fin de debilitar, disminuir y eventualmente desaparecer a dicho sector y quedarse con todo el mercado de la tortilla en México.
7.
El gobierno federal ha renunciado a toda intervención y regulación del mercado de los alimentaos básicos y entregado la seguridad (o inseguridad) alimentaria de los mexicanos a una cuantas empresas oligopólicas. No existe una reserva de seguridad alimentaria para enfrentar las presiones especulativas o las catástrofes climatologías o geopolíticas que pudieran poner en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de la mayoría de los mexicanos.
2.
¿Cuáles son las causas de fondo de la escalada de precios en las tortillas y otros alimentos básicos?
1.
Haber incorporado al maíz al TLCAN pese a las advertencias y oposición de la mayoría de los mexicanos. Salinas y Luis Téllez, ofrecieron unilateralmente al maíz mexicano en la mesa de negociaciones, sin siquiera haber sido solicitado por los negociadores estadounidenses. Para ellos, el maíz era una mercancía más y no un asunto de seguridad nacional.
2.
Haber apostado por la dependencia alimentaria en lugar de la soberanía alimentaria. Desde 1982, pero sobre todo a partir de 1994 con la puesta en vigor del TLCAN, los gobiernos federales han desmantelado la producción campesina de alimentos bajo el supuesto de las ventajas comparativas y de que las importaciones son más baratas que la producción nacional. Hoy vemos una consecuencia de esa falacia: ni tenemos importaciones baratas ni suficiente abasto nacional: estamos en el peor de los mundos.
3.
El capítulo agropecuario del TLCAN eleva a rango de ley constitucional la dependencia alimentaria, el desmantelamiento de la economía campesina y el control de nuestro sistema alimentario por las grandes corporaciones agroliamentarias estadounidenes.
4.
La imposición de un modelo de agricultura y alimentación basado en las grandes explotaciones, en el uso masivo de agroquímicos y de subsidios, de tecnologías riesgosas para la salud y el medio ambiente, de alimentos chatarra.
3.
Nuestras propuestas para enfrentar el alza de las tortillas en el corto plazo.
1.
Frenar las importaciones de maíz blanco e intervenir inmediatamente los inventarios de maíz blanco nacional pagados a precio justo, no especulativo, y ponerlos a disposición, con subsidio temporal, al sector molinero, con el compromiso de bajar y estabilizar los precios de la tortilla.
2.
En caso de requerir importaciones de maíz blanco temporalmente, antes del inicio de la cosecha de maíz de Sinaloa del otoño-invierno, las importaciones deberán realizarse por el gobierno federal para controlar su asignación a la industria harinera y nixtamalera, evitando la especulación de las importaciones tradicionales, y asegurando el control de los precios de la harina y la tortilla.
4.
Nuestras propuestas de fondo para enfrentar el alza de las tortillas y la inseguridad alimentaría de los mexicanos
1.
Impulsar un programa sexenal de fomento a la producción y productividad sustentable de maíz, principalmente en las regiones Altiplano y Sur-sureste (medidas y apoyos: entrega garantizada del Procampo con dos meses de anticipación a la fecha de siembras, integración de programas en torno a una sola estrategia, certidumbre en los ingresos objetivo antes de las siembras, agricultura por contrato para maíz blanco, inversión en organización de productores para la comercialización, infraestructura y financiamiento, vinculación estrecha con el INIFAP, no a la siembra de maíz transgénico, etc.)
2.
Aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN) aprobada en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura.
3.
Aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, aprobado por el Senado de la República en la pasada legislatura.
4.
Exclusión del maíz del TLCAN. Decreto Legislativo para ordenar al Ejecutivo Federal a iniciar las negociaciones formales para tal efecto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
5.
Decreto Legislativo para ordenar al Ejecutivo Federal, con base en el artículo 131 constitucional, a establecer un sistema permanente de administración de las importaciones de maíz a partir del 1º de enero del 2007, a efecto de que únicamente se autoricen importaciones en casos comprobados de desabasto.
6.
Programa sexenal de modernización de la industria nixtamalera-tortillera.
7.
Programa de acciones contra la concentración oligopólica y las practicas anticompetitivas en el mercado agroalimentario.
8.
Reforma de Aserca de conformidad con el numeral 248 del Acuerdo Nacional para el Campo.
9.
Reestablecimiento del papel rector del Estado para la estabilización de los mercados agroalimentarios, incluyendo la constitución y administración de una reserva nacional de seguridad alimentaria.
10.
Comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar la responsabilidad de la Secretaría de Economía, la Sagarpa y Aserca de diciembre de 2000 a enero de 2007 en la inseguridad alimentaria nacional así como una auditoria especial de la ASF del manejo de cupos de importación de maíz y de los programas de Sagarpa-Aserca vinculados con la producción y comercialización de maíz en dicho periodo.
Atentamente
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
El Barzón-Alianza Nacional de Organizaciones de productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)
* AMUCSS, ANEC, CEPCO, CNOC, Red Mocaf, FDCCh, MAÍZ, UNOFOC.
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